PUERTO NATALES – Durante este día jueves 26 de octubre Eduardo Burgos, abogado del Centro Ainen y asesor jurídico de nuestra institución, visitó la Residencia Madre Teresa de Calcuta en Puerto Natales para capacitar a sus trabajadores en diversos aspectos relativos a la nueva ley de Matrato Infantil 21.013, la cual tipifica un nuevo delito y aumenta la protección de personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Lo principal a conocer sobre esta nueva ley es que pone un foco especial en el maltrato contra niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. La principal diferencia está en que las normas actuales sancionan las agresiones únicamente cuando éstas provocan daños que se evidencien en lesiones, entendido como “maltrato corporal relevante”. Pero ahora se incorpora como delito cualquier maltrato o abuso sin resultado de lesiones, y la ley establece una sanción al que maltrate de manera relevante a un niño, niña, o adolescente menor de dieciocho años de edad, a adultos mayores o a personas en situación de discapacidad.

Además, cuando estos se cometan en residencias de adultos mayores, en colegios o en instituciones encargadas de entregar tratamiento a personas en situación de discapacidad, no sólo  recibirán sanción quien lo cometa, sino que también se destaca que habrá un agravante para quienes tienen especial deber de cuidado o protección, por ende tiene mayor pena si maltrata de manera relevante o no impide el maltrato que comete otro.

Si un niño, niña o adolescente; un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad sufre un trato degradante, menoscabándose gravemente su dignidad, quien lo comete será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días de presidio). En el caso de que la persona que maltrata tiene bajo su cuidado a la víctima, se considera como un agravante. 

También se establecen como pena accesoria y medida de protección, un registro de inhabilidades que impedirá trabajar con niños, niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, a quienes hayan sido condenados por este tipo de maltrato. Es decir se establecen dos nuevas penas:

  1. “Inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad”.

  2. “Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con menores de dieciocho años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.” Esa pena durará el tiempo que fije el tribunal.

La inhabilitación temporal puede durar de tres años y un día a diez años. Primero, se aplicará la inhabilitación temporal. Si el sentenciado reincide, se le condenará a la inhabilitación perpetua. La pena de inhabilitación se aplicará a los condenados por homicidios, auxilio al suicidio, lesiones o maltrato a menores de 18, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Además, las inhabilitaciones impuestas por delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de dieciocho años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad quedan registradas en el Registro Nacional de Condenas.

¿Qué consecuencias tienen estas penas?

  1. El condenado perderá (a perpetuidad o temporalmente) cualquier cargo, empleo, oficio y profesiones que tenga, ejercidos en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

  2. La incapacidad (perpetua o temporal) para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones ya mencionados.

 


Además el Juez podría decretar, 
como pena accesoria, la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo de no más de 60 días. También podrá decretar la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de cuidado, trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. El magistrado puede prohibir el porte y tenencia de armas de fuego o decomisar las que la persona tenga. Otra medida es la asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo problemático de drogas o alcohol, si ello corresponde.

 

Denunciar:

El maltrato es un delito de acción penal pública, es decir, cualquiera puede presentar denuncia o querella para que sea investigado. Cabe aclarar también que quienes realicen una denuncia tiene la opción de mantener su anonimato si así lo desean. 

Fono denuncia: 800 730 800.
Carabineros (Fono Infancia): 147 
 
Así mismo tanto como situaciones de maltrato que conciernen a esta ley, es importante que cualquier contexto de abuso; ya sea sexual, explotación sexual comercial, abandono o negligencia en el cuidado también son delitos y los servicios para denunciar están disponibles todo el año. 

 

 

 

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